AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS CIES

Amnistía Internacional alza su voz ante la injusta privación de libertad en su nuevo informe: `Hay alternativas: No a la detención de las personas inmigrantes´. En él se denuncia la detención masiva e indiscriminada de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España y a los que recluyen hasta un máximo de 60 días sin tener en cuenta su situación personal. Una nueva y demoledora crítica a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), cuyas siglas suenan a horror y hacinamiento y que coincide con el motin del pasado fin de semana en el Centro de Aluche, en Madrid.

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Ilustración ©  GEA PHOTOWORDS

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Por Imán Quinto Monzón para GEA PHOTOWORDS

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Inmigración: Es la entrada en un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar.

Delincuencia: Según la RAE la delincuencia se refiere al acto de delinquir, a la realización de actos en contra de la ley y merecedores de castigos por la sociedad.

Dos sustantivos que no pertenecen al mismo campo semántico y que sin embargo parece que muchos relacionan.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado y aportados por Amnistía Internacional, durante el año 2011 más de 13.240 personas fueron ingresadas en Centros de Internamiento para Extranjeros, CIES, de los cuales 6.825 fueron expulsadas de España. Esto significa que casi la mitad de las personas internadas fueron privadas de libertad sin llegar a consumarse el proceso de expulsión. Entonces, nos preguntamos, ¿porqué las encerraron? ¿Cuál fue su delito?

Según el Ministerio del Interior, “los Centros de Internamiento de Extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario. El ingreso de inmigrantes tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

Pero no es oro todo lo que reluce y lo que parece una medida preventiva para inmigrantes en situación irregular se ha convertido en una práctica generalizada de encarcelamiento encubierto. “El centro de los horrores” así son denominados en muchos casos los CIES por las personas que han vivido en ellos. Falta de higiene, abusos, incomunicación con el exterior, malos tratos… Éstas son sólo algunas de las prácticas que miles de ciudadanos del mundo han sufrido en nuestro país por venir de fuera sin un rumbo fijo.

El vacío legal, que ha permitido a los Gobiernos operar de manera indiscriminada contra inmigrantes por el mero hecho de cometer únicamente una infracción administrativa al no tener la autorización requerida para residir en España, ha hecho que numerosas organizaciones internacionales exijan el cierre de estas “cárceles encubiertas”.

Por este motivo, Amnistía Internacional pide, en su último informe, la colaboración ciudadana para erradicar esta práctica y utilizarla sólo de manera excepcional. “Hay que tener en cuenta que incluso la propia legislación española prevé  la posibilidad de medidas alternativas a la detención”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS

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Casi un año y medio después de la muerte de Idrissa Diallo y Samba Martina en los CIES de la Zona Franca y de Aluche, el pasado diciembre más de 80 organizaciones en defensa de los derechos humanos, como la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCEAR), SOS Racismo o el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) apoyados por partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones de vecinos, promovieron un manifiesto para exigir responsabilidades por estos fallecimientos, reivindicar una modificación sustancial del reglamento de estos centros y, por supuesto, erradicar la vulneración de los derechos humanos en los CIES.

Idrissa, 21 años, murió la madrugada del 5 de enero de 2012 en la celda del Centro de Internamiento de la Zona Franca de Barcelona. El joven guineano, que había llegado a España un mes antes en busca de una vida mejor, fue detenido y encerrado en el CIES a la espera de expulsarlo del país. Esa tarde, Idrissa sintió un fuerte dolor en el corazón. Pidió ayuda médica pero no le hicieron caso. Sólo por la noche, cuando ya sus gritos se hicieron desesperados, los carceleros intentaron atenderle. Pero ya era tarde.  Poco después, sólo y lejos de su tierra natal, el joven guineano fallecía de una insuficiencia cardíaca.

La Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y la Organización de las Naciones Unidas condenaron la detención arbitraria y la violación de los derechos fundamentales del ciudadano marroquí Adnam el Hadj, en su internamiento en el CIE de Aluche. El joven relató haber sido víctima de malos tratos muy graves por parte de cinco agentes de policía y de insultos racistas. La agresión policial, constatada por Naciones Unidas, fue perpetrada fuera del alcance de las cámaras de vigilancia y por agentes sin número de placa. A pesar de sus heridas, Adnam no fue trasladado al hospital, y fue expulsado rápidamente días después.

Casos y más casos que se repiten en toda España. Centro de Internamiento de Valencia, Zapadores. Tres ciudadanos argelinos manifestaron su condición de menores de edad, y tras denunciar graves golpes e insultos de un agente de policía en la celda de aislamiento, fueron rápidamente expulsados. El juicio, sin víctimas que pudieran testificar, fue archivado.

Ante este supuesto, Amnistía Internacional lo tiene claro: el internamiento debe estar prohibido. La mínima duda sobre la edad debe primar por encima de la situación administrativa. Lo mismo debe ocurrir con familias con menores a su cargo o en el caso de víctimas de trata para impedir su identificación.

 

LAVADO DE NOMBRE

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Mientras el Defensor del Pueblo, que ha tramitado más de dos mil expedientes en materia de inmigración, insta a mejorar las condiciones en las que se encuentran los extranjeros en los centros de internamiento, el Ministerio quiere cambiar el nombre de CIE por “Centros de Estancia Controlada de Extranjeros” (CECE). Es decir en vez de solucionar la situación se cambia el nombre para eliminar la connotación negativa del encarcelamiento. Los inmigrantes dejarían de ser “delincuentes encarcelados” para convertirse en “personas que permanecen en un centro hasta que su situación se solucione”, curiosa forma de acabar con un problema que afecta a miles de personas en nuestro país.

La política del “no lo veo, no me afecta”, impera en España con los CIES. El pasado enero, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó la saturación de estos centros. Asimismo, apostilló que el promedio de estancia es de “menos de veinte días” y que “ninguna persona que se encuentra en un centro de internamiento de extranjeros lo está por decisión administrativa. Son personas que están esperando su expulsión”.

El ministro negó rotundamente las redadas policiales en busca de sin papeles defendiendo la correcta actuación de la Policía Nacional y, por supuesto, pese a los informes de denuncias del Defensor del Pueblo, matizó que el nuevo reglamento sigue sus recomendaciones. Un nuevo reglamento en el que las organizaciones internacionales anhelan un gran cambio y que por el momento sólo lleva como estandarte el cambio de nombre de los centros.

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Amnistía Internacional lanza una ciberacción y anima a la colaboración. Sólo se necesita un minuto para rellenar un mini formulario para apoyar esta petición y trasladarla a las autoridades a través de su web.

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Imán Quinto Monzón es periodista y ha trabajado como voluntaria en el Proyecto Vivir.

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