EDUCACIÓN EN CHILE – PRIVILEGIO DE POCOS

En los últimos meses en Chile se han llevando a cabo una serie de movilizaciones –en las que se han superado los 100 mil participantes, en algunas ocasiones- que han conseguido traspasar la línea del liderazgo del movimiento estudiantil que las encabeza, para convertirse en un movimiento ciudadano sin precedentes desde la dictadura de Pinochet, de lo que hace ya más de 30 años. Chile se encuentra situado en el sexto lugar de los países con las tarifas de ingresos más caras en la educación, a la par que en el  segundo de entre los sistemas educativos con mayores desigualdades en la calidad de la enseñanza, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).


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Alumnas del Liceo 1 en la toma pacífica del instituto. Junio 2011.

FOTO  ©   Hans Christian Scott Cardenas

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Por Rebeca Mateos Herraiz para GEA PHOTOWORDS

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En este país la educación es financiada en un 56% por las familias y en un 44% por el Estado, y a pesar de que está prohibido por ley que se utilice la educación con fines de lucro, las universidades privadas cobran aranceles, que en muchas ocasiones, llegan incluso a quintuplicar la deuda inicial que contraen los estudiantes. Según un estudio sobre el CAE publicado el pasado 22 de agosto, actualmente más de 200 mil estudiantes deben al banco 70 millones de dólares. Ante esta situación, muchos jóvenes optan por el exilio para poder cursar unos estudios universitarios. Existen entre  4.500 y 5.000 alumnos repartidos por distintas universidades argentinas, como la UBA, La Plata y el IUNA, según la asamblea de estudiantes chilenos exiliados por la educación, y es que el 40% de los estudiantes extranjeros en las universidades de este país son chilenos, según el Ministerio de Educación argentino.

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En lo referente a la educación primaria, los colegios públicos constituyen el 85% del total y asumen un 60% del alumnado más pobre.
Para entender por qué el sistema educativo chileno ha llegado hasta esta situación, cabe retrotraernos hasta la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), período en el que la estructura del Estado en su conjunto sufrió un gran cambio, del que el sistema educativo no quedará exento. Durante este período la educación pasará de ser un sistema público, a uno descentralizado y caracterizado por la municipalización de las escuelas públicas, así como por el del nacimiento de un sector particular-subvencionado, administrado por privados, pero que recibirá financiación pública.
En la Constitución chilena de 1980 se especificará que el derecho a la educación pública para todos, pasará a ser el derecho a las familias a educar a sus hijos, como quedará reflejado en su Artículo 10º:
“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar protección especial al ejercicio de ese derecho”.
El Artículo 11º define la otra parte de la libertad de la enseñanza, es decir, la libertad de la libre empresa educacional:
“La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”.
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Toma pacifica por los estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgoño.

FOTO  ©   Hans Christian Scott Cardenas

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Ambos artículos reflejan que el rol del Estado en materia educacional será el de limitarse a avalar el funcionamiento del mercado en esta materia, y en todo caso, subsidiar aquellas familias cuya economía no les permita acceder al sistema educativo, de tal modo que, el Estado en Chile abandonará su rol social para transformarse en un Estado subsidiario acorde a una sociedad de mercado, dejando atrás los principios de igualdad y solidaridad que gracias a décadas de luchas sociales, se había conseguido conquistar en Chile.

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El cambio de dependencia de la educación del Estado a manos privadas se llevará a cabo principalmente durante el período comprendido entre los años 1980 y1981, en el que habrá un traspaso del 85% de las escuelas de manos estatales a privadas y/o municipios. Los procesos de privatización más radicales se producirán en el ámbito de la educación superior, obligando a las universidades estatales a la autofinanciación, terminando de ese modo con la educación superior gratuita.
Las políticas educativas en Chile impulsadas por los distintos gobiernos de la Concertación –coalición de partidos  que han gobernado desde la derrota de la dictadura- no han modificado, en su esencia, las políticas educativas implantadas por el régimen de Pinochet. En el año 1990, dichos gobiernos se propusieron superar los problemas de calidad y equidad provocados durante la época de la dictadura, sin mucho éxito. La llamada Reforma Educativa chilena, estaba enmarcada dentro de una lógica contradictoria, ya que por un lado, mantendrá el sistema educativo neoliberal, acentuando y profundizando la privatización de la educación, de tal modo que la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), reglamentará el funcionamiento de la enseñanza partiendo de los principios constitucionales anteriormente mencionados de que el financiamiento de la educación debe ser un derecho y un deber de los padres. Pero por otro lado, se impulsarán medidas que apoyen el  mejoramiento de la calidad y la equidad de la enseñanza tales como becas, entre otras cosas.
En el año 2006, durante el mandato de Michelle Bachelet, surge el que vendrá a ser denominado Movimiento de los Pingüinos, un movimiento iniciado por los estudiantes de secundaria y que se convertirá en la antesala de los movimientos estudiantiles de la actualidad. Sus protagonistas reclamaban una mejora sustancial en las condiciones estructurales del sistema educativo, colocando al Estado en el centro de dicho proceso, al solicitarle que adoptara un rol fundamental como agente dentro del mismo, para que la educación dejara de tratarse de una mercancía, y pasara a ser un derecho.
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Paro nacional 30 de junio 2011

FOTO  ©   Hans Christian Scott Cardenas

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Dicho movimiento se consiguió controlar, pero no se logró apagar del todo la llama de sus reivindicaciones que se reavivarán años más tarde, en esta ocasión con otro gobierno de distinto corte, el del actual conservador Sebastián Piñera, a quien los estudiantes siguen exigen un cambio en el sistema educativo de su país, al considerarlo de baja calidad y de un excesivo lucro empresarial, con más fuerza que nunca.
La respuesta del gobierno hasta el momento ha sido una dura represión policial hasta tal punto, que  una de las últimas manifestaciones terminó con la muerte de un estudiante de 16 años a causa de un disparo propiciado por un Carabinero y varios heridos, lo que ha suscitado gran controversia entre la población chilena, por lo que al gobierno no le ha quedado más remedio que tomar cartas en el asunto: el policía que disparó fue detenido y se dieron de baja a otros 8 policías más. El jefe de los Carabinero dimitió y  Piñera hizo un rápido giro en su estrategia decidiendo abrir el diálogo con los estudiantes, a quienes invitó este fin de semana a La Moneda, la sede presidencial.

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En los próximos días sabremos si la apertura del dialogo es porque realmente existe una voluntad por parte del gobierno de llegar a un acuerdo con los estudiantes y las demandas que solicitan, o es una simple estrategia para ganar tiempo y con eso frenar la oleada de movilizaciones estudiantiles, que han desbordado todas las expectativas, incluidas las del propio gobierno.

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Rebeca Mateos Herraiz. Licenciada en Periodismo y cursando la especialización en estudios contemporáneos de América Latina por la UCM. Colabora con Periodismo Humano y el IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria).

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  1. Artículos de prensa – Educación Primaria en Chile - 16 enero, 2019

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