ENTREVISTA GEA – CRISTINA MANZANEDO

El 26 de diciembre de 2011 la muerte de una mujer congoleña en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid y pocos días más tarde la de un guineano en el de Barcelona han hecho salir a la luz pública la insostenible situación de estos Centros. Estos dos hechos no hacen sino corroborar lo que desde hace años vienen denunciando Amnistía Internacional y varias ONGs españolas. Lucía Lumbreras entrevista a Cristina Manzanedo, abogada de la ONG Pueblos Unidos, autora del Informe sobre el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid).

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Inmigrantes de Bangladesh en un centro de internamiento.

Ilustración ©  Als

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CRISTINA MANZANEDO, ABOGADA DE LA ONG PUEBLOS UNIDOS
Por Lucía Lumbreras para GEA PHOTOWORDS

 

La ONG jesuita Pueblos Unidos ha presentado por segundo año consecutivo un Informe sobre el CIE de Aluche (Madrid) “Miradas tras las rejas”. Este Informe pretende poner de manifiesto y mejorar la terrible realidad que se vive en los CIE de España. Cristina, tú representas a Pueblos Unidos ¿Quiénes sois y qué hacéis exactamente?

Pueblos Unidos es un centro de la Fundación San Juan del Castillo, entidad miembro del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España. Trabajamos en Madrid para contribuir a la construcción de una sociedad más acogedora, integrada, plural y cohesionada.

 

¿Qué son y para qué sirven los Centros de Internamiento para Extranjeros?

Según la definición oficial, los CIE son espacios no penitenciarios cuya función es la de retener a inmigrantes irregulares durante el tiempo en que se tramita su expulsión por carecer de papeles, que no es un delito sino una infracción administrativa. Desde 2010, también hay personas extranjeras a las que se les ha sustituido una condena penal por su expulsión de España. Todas estas personas puede ser privadas de libertad durante un periodo máximo de 60 días.

 

El Informe que habéis realizado durante el año 2011 “Miradas tras las rejas” nos desvela la preocupante situación de los internos en el CIE de Aluche ¿Cómo habéis elaborado dicho Informe?

A lo largo del año, Pueblos Unidos ha mantenido un grupo de personas voluntarias dedicadas a apoyar a los internos. De manera estable, unas 8 personas han acudido semanalmente, lo cual ha permitido tener una presencia prácticamente diaria. A partir de esa experiencia concreta hemos realizado nuestro informe.

 

¿Cuál es vuestra labor dentro del CIE?

La labor del Servicio Jesuita a Refugiados, es, como en otros países europeos, la de acompañar, servir y defender a las personas que están internas en este tipo de centros a través de labores concretas de asesoría jurídica, mediación ante los abogados, apoyo y denuncia de casos concretos, etc. En el exterior nuestra labor es muy variopinta desde publicaciones, charlas de sensibilización, participación activa en el tejido social contra los CIE, etc.

 

¿Qué se pretende conseguir con la realización y publicación del último Informe que habéis presentado recientemente?

En definitiva pretendemos que estos centros sean utilizados como último recurso, que es para lo que fueron creados y que, en todo caso, mientras existan, se vele por las condiciones de vida de los internos, ofreciendo la asistencia y garantizando los derechos previstos en la ley. Como dato concreto resaltaría que para el 40% de los que están internos en Madrid finalmente no se ejecuta su expulsión. Eso significa que el sistema, además de inhumano, es ineficaz, porque no cumple el objetivo para el que estaba pensado; si la policía y el gobierno saben que no va a poder expulsar a una persona, no deberían retenerla. Esto sólo genera más sufrimiento y más miedo.

 

También habéis participado en la elaboración del Informe “Redadas” que ha realizado Amnistía Internacional en España sobre este mismo tema que nos ocupa, ¿cuál dirías tú que es la conclusión más destacable?

Amnistía Internacional escogió España para realizar un informe sobre el control de la migración. Esta organización contactó entre otros agentes implicados con Pueblos Unidos. Lo más destacable desde nuestro punto de vista es que se pone de manifiesto el carácter racista de estas detenciones. No importa que no hayas cometido un delito, simplemente por tu aspecto físico la Policía puede pedirte la documentación. Esto alimenta claramente la idea que puedan tener los ciudadanos de a pié que, al ver que se detiene a una persona de otra raza o nacionalidad, lo relacionen con delicuencia. Y es que, si te detiene la policía, será porque algo malo habrás hecho. Y esto va calando en la sociedad fomentando el racismo y aniquilando el deseo generalizado de vivir en una sociedad cada vez más plural y tolerante”.

 

Como su propio nombre los designa, si son inmigrantes ilegales, ¿llegará un momento en el que tienen que ser expulsados?

Todos somos conscientes del poder de la palabra y de cómo esta influye en nuestro pensamiento. Creo, que por eso, debemos empezar aclarando algunos términos. Hay que cambiar la denominación inapropiada de “inmigrante ilegal” por la de “inmigrante irregular”, según la propia recomendación del Parlamento Europeo. ¿Por qué no podemos decir que es ilegal? Sencillamente porque no tener papeles no es un delito sino una falta administrativa. Aunque la realidad constata que no siempre se considera así. A ningún español se le privaría de libertad por tener el DNI caducado, pero, si a un inmigrante se le caduca su permiso de residencia, podría acabar en alguno de los 9 CIE que hay en España. Hay formas más proporcionadas de llevar a cabo la labor de expulsión.

 

Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se supone que se debería actuar con los emigrantes irregulares para que abandonasen el país?

En la gran mayoría de los casos, dichos inmigrantes no son delicuentes. Por lo que la privación de libertad resulta desproporcionada. Por ejemplo, se les podrían imponer sanciones, plazos de salida voluntarios y si no se cumplen, finalmente tramitar su expulsión. Avisos de alguna manera más acorde con la situación. Pero el internamiento en uno de estos centros y por tanto la privación de libertad debería ser el último recurso.

 

¿Qué debe cambiar para que esta situación deje de producirse? ¿Quién o quiénes son los responsables de que esto esté ocurriendo?

Dos años después de publicada la reforma de la ley de extranjería (LOEX), aún no se ha aprobado el preceptivo reglamento sobre los centros de internamiento de extranjeros. El máximo responsable de los CIES es el Ministerio del Interior, en la figura del Secretario de Estado de Inmigración, que traslada la gestión de los CIE al Director General de la Policía. Pero, aunque sea la Policía Nacional quien está llevando esta mala gestión, es evidente que le están dando una responsabilidad para la que no están preparados. No se trata solamente de mantener la seguridad y custodiar a los detenidos sino de gestionar las condiciones de vida de los cientos de personas internas en estos centros. Harían falta médicos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etc. En definitiva más medios. Si el CIE no es una cárcel, ¿por qué se gestiona como si lo fuera? En la cárcel eres una persona; en el CIE eres un número.

 

¿Cómo es posible que nuestro Estado de derecho permita que se interne a personas que no han cometido ningún delito en lugares peores que cárceles?

El hecho es que existe una polémica circular (1/2010) y que además, la productividad de la Policía se mide por el número de detenciones que se realizan, sin discriminar si los detenidos son posibles delincuentes o extranjeros irregulares. De esta forma, la detención de extranjeros irregulares que son fáciles de localizar y no requieren investigación ni esfuerzo, permite cumplir con el expediente. Después, es un juez el que decide por la vía rápida a quién manda al CIE y a quien no. Si el juez decide que sí, entonces comienza el triste calvario.

 

¿Esperáis que el nuevo Gobierno actúe para mejorar los CIE?

Tras toda la repercusión en los medios que hemos alcanzado en las últimas semanas, tenemos la esperanza de que se nos escuche por fin. Con el anterior gobierno, fue imposible dialogar y mejorar las cosas. Al nuevo Gobierno le pedimos que nuestra experiencia y la de otras entidades sociales se tome en cuenta de cara a la nueva legislatura, de modo que pueda haber una interlocución más fluida con el Ministerio de Interior, especialmente de cara a la elaboración de un Reglamento de CIE que garantice los derechos de los internos.

 

Si quieres conocer el Informe completo y estas historias de cerca haz click en este enlace.

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Lucía Lumbreras es periodista. Desarrolla profesionalmente temas de comunicación corporativa. En lo personal está sensibilizada en temas de Derechos Humanos. También escribe artículos y guías de viaje. 

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