ENTREVISTA ONGEA – JACINTO BONILLA LARA

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), dedicada a la defensa y promoción de los Derechos Humanos desde el año 1976, previniendo y persiguiendo violaciones de los derechos fundamentales en países como África, Perú, Guatemala, Guinea Ecuatorial y también en nuestro país han estudiado los crímenes franquistas entre otros casos. Les preguntamos sobre su trabajo y sobre nuestros derechos en la crisis actual y las nuevas leyes. Hoy entrevistamos a Jacinto Bonilla Lara, su presidente.

 

JACINTO BONILLA, PRESIDENTE APDHE

Jacinto Bonilla Lara.

Foto  ©  Adrián Domínguez, miembro de GEA PHOTOWORDS

 

ENTREVISTA onGEA –  JACINTO BONILLA LARA, Presidente de APDHE

Por Alba Cuadra para GEA PHOTOWORDS

 

Ante la crisis económica, que dura ya más de cinco años, se han recortado muchos derechos sociales, económicos y culturales. El No en el referéndum de Grecia ¿cree que es un posible comienzo para recuperar estos derechos perdidos?

Sí, claro. Es la resistencia de la ciudadanía a una violación masiva y sistemática de los derechos sociales, económicos y culturales, es evidente. Se está reivindicando la efectividad de esos derechos, que como en tantos otros países, también sucede aquí en España, no tienen el mismo grado de protección que otros Derechos Humanos; cuando tendrían que tener exactamente el mismo grado de protección.

 

Ante el hipotético caso de que hubiera un cambio político en España y se realizara un referéndum, ¿cree que sería positivo aquí también?

Como hipótesis de trabajo, creo que de lo que se trata esencialmente es de que la ciudadanía sea capaz de pronunciarse al respecto. A que no esté dispuesta a que se estén violando sistemáticamente sus derechos, tan importantes como los derechos económicos y sociales, que están reconocidos en el pacto internacional y que además están incorporados plenamente al derecho internacional. Lo que pasa es que tenemos un problema con el derecho internacional en cuanto a que esas normas no han sido debidamente extrapoladas al ámbito interno de cada uno de los países, y evidentemente eso sería una de las exigencias que deberíamos de plantear a la nueva conformación política que salga de las elecciones que están por venir.

Ante un hipotético referéndum, creo que aquí no se daría esa situación bajo ningún concepto, no creo que lleguemos a ese punto tan extremo e incluso tengo serias dudas de que aunque se llegara a ese punto, se sometiera a consulta una petición de esas características.

 

¿El cambio político que ha habido en Madrid y Barcelona va a suponer una diferencia notable en cuestión de Derechos Humanos?

Creo que sí, estoy convencido. Porque entiendo que las personas que han encabezado esas candidaturas son personas especialmente sensibles en materia de Derechos Humanos. Manuela Carmena ha tenido una trayectoria vital y profesional muy importante en esta materia, y Ada Colau ha sido una activista muy importante en la reivindicación del derecho a la vivienda, elemento nuclear de lo que son los derechos sociales; y ella ahí ha jugado un papel fundamental dentro de lo que es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Por lo tanto son dos personas que efectivamente están muy sensibilizadas en esta materia, y lógicamente esperemos que esa sensibilización y esa trayectoria vital y profesional tenga un fiel reflejo a la hora de implementar determinadas políticas en este ámbito.

 

La Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana se ha formulado de una forma bastante ambigua, el derecho a reunión, a la protesta, o el concepto de terrorismo se han tipificado de una forma muy ambigua para aplicarlos a conveniencia. ¿Qué consecuencias cree que puede acarrear esta reforma en el futuro?

Bastante negativas a todos los niveles, supone una restricción de derechos. Yo lo califico como ‘la cuadratura del círculo materia represiva’ para la ciudadanía. Realmente, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana supone una violación gravísima de derechos fundamentales y Derechos Humanos. Está afectando al derechos de asociación, a la libertad de expresión, incluso a lo que pueda ser el derecho de manifestación. Está afectando a lo que pueda ser el núcleo de la protesta ciudadana, el ejercicio de derechos fundamentales. Se han tipificado determinadas conductas utilizando conceptos jurídicos indeterminados, la utilización de estos conceptos supone dejar un tipo abierto sancionador, tanto por parte de la Ley de Seguridad Ciudadana como del Código Penal; con lo cual entramos ahí en un ámbito de arbitrariedad, que en el caso concreto de la Ley de Seguridad Ciudadana se deja en manos de la propia administración y esencialmente en manos de las autoridades policiales. Eso supone una quiebra de principios básicos y elementales que deben regir en un Estado democrático.

En cuanto a la Reforma del Código Penal, va en esa misma línea de imposición de penas de tipos abiertos y la introducción de algo tan reprobable como pueda ser la prisión permanente, que califican como revisable, pero de lo que realmente se trata es de una cadena perpetua. Además vulnera y violenta gravemente principios constitucionales, hablamos de la imposición de unas penas crueles, degradantes y contrarias a los Derechos Humanos.

 

Viendo la forma de proceder de este gobierno y cómo se ha aprobado esta ley, cuando presentaron el último día la reforma de estos artículos en el congreso sin dar pie a un previo debate. ¿cómo cree que justifican esta preocupación que manifiestan ellos por controlar a la ciudadanía para proceder de tal manera?

El problema principal en relación con la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley es que estamos hablando de mayoría absoluta, lo que te permite hacer lo que consideres oportuno a este respecto. A partir de ahí, se generan todos los problemas del mundo y unos pocos más; porque esos proyectos no son sometidos a un debate adecuado, y aunque sean sometido a debate y sean informados por parte de determinados órganos como pueda ser el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General del Estado, órganos de carácter consultivo, con independencia de lo que digan los informes de estos órganos –que son preceptivos pero no vinculantes- van a hacer lo que quieran con la aprobación final de la ley.

La finalidad última de esta ley es muy clara, tiene un contenido represivo, restrictivo. Y además tiene la desgracia de imponer tanto sanciones de carácter administrativo como penales, absolutamente desproporcionadas. En un país que tiene uno de los niveles más bajos de criminalidad en el ámbito de la Unión Europea, todo carece de sentido. Lo único que esto es como consecuencia de que efectivamente de lo que se trata es de criminalizar la protesta social como consecuencia de esta crisis económica que llevamos arrastrando durante mucho tiempo.

 

¿Tienen miedo?

Yo creo que el poder siempre tiene miedo a la protesta social, al menos no sé si miedo, pero les incomoda enormemente. Eso hace que ellos respondan de esta forma, no deja de ser una paradoja que se hable de seguridad ciudadana. Se debe de hablar de otro tipo de seguridad, la ciudadanía no está reclamando este tipo de medidas de seguridad, es el eterno debate entre seguridad y libertad. Debate que está muy contaminado y especialmente desde los atentados del 11-S en Estados Unidos, que tuvo como consecuencia una gravísima restricción en cuanto al reconocimiento y protección de los Derechos Humanos a todos los niveles.

 

Con esta reforma, también se ha introducido una modificación de la disposición adicional décima de la LOEX que entró en vigor el 1 de abril, que viola el derecho internacional de asilo y vulnera los derechos de las personas migrantes. ¿cómo debería estar formulada esta ley para que garantice la protección de las personas que llegan a las fronteras de España?

Se debe de formular de acuerdo con las normas internacionales. El derecho de asilo es un derecho internacionalmente reconocido, un Derecho Humano, fundamental, y evidentemente con la aprobación de esta norma se está violentando todo ese ordenamiento que viene a proteger a las persona solicitantes de asilo. Es evidentemente que es así porque lo que se está intentando legalizar es una actuación que es totalmente ilegal per se, las denominadas ‘devoluciones en caliente’, ya no solamente desde un punto de vista de ordenamiento jurídico internacional, también desde un ordenamiento jurídico interno.

El derecho internacional, en cualquier caso, nunca se puede contraponer al derecho interno. Por cuanto que son obligaciones internacionales contraídas por los Estados como consecuencia de haber suscrito y ratificado determinados convenios internacionales. Además aquí hay un principio de jerarquía normativa que se debe respetar, la norma interna jamás puede contravenir el derecho internacional.

En concreto con el derecho de asilo, se está negando de forma sistemática, porque no existe ni el derecho a la oportunidad de solicitar asilo, se niega categóricamente. Una persona solicitante de asilo que haya entrado en nuestro país de forma irregular, desde el momento que accede a nuestro país le asisten una serie de derechos que le son negados. Cuanto menos tiene que tener un trámite de audiencia, como mínimo, y se le tiene que facilitar los medios adecuados para interposición de los recursos correspondientes en relación con las resoluciones que se dicten, tampoco se les están facilitando.

Las devoluciones en caliente son una auténtica aberración y un auténtico escándalo internacional, y aquí llega con muchísima sordina. Ha sido censurado gravemente en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

 

¿Las fuerzas del Estado podrían negarse a realizar estos procedimientos?

No pueden negarse, si existe una norma que ampare este tipo de actuaciones, su negativa supondría la incoación del correspondiente expediente disciplinario.

Hace dos años la APDHE sacó un informe junto con la FIDH sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros, ¿qué posibles soluciones existen para garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes en situación irregular en España?

Nuestra posición respecto a los Cíes es que deberían ser suprimidos, tienen que ser clausurados. Son centros que ni siquiera llegan a los estándares mínimos en cuanto a lo que son las condiciones que tienen que tener este tipo de centros, no llegan ni a los mínimos que presentan los centros penitenciarios.

La situación es muy complicada dentro del ámbito interno de los CIEs, realmente el trato que se les da a las personas internas no es el más adecuado. Nos encontramos con un centro que está regido por normas policiales, la autoridad máxima es la autoridad policial, todo esto tiene un reflejo muy duro en el día a día.

La mayoría de las personas internas han ingresado como consecuencia de que carecen documentación para residir en nuestro país. Esto se trata de una simple infracción de carácter administrativo, que como consecuencia de ello tiene una respuesta que desde nuestro punto de vista es absolutamente desproporcional, lo cual es la privación de libertad sobre un máximo de 60 días, y como medida cautelar para garantizar la expulsión. Pero realmente lo que hemos comprobado es que esa medida cautelar es completamente inefectiva, en más del 50% de los casos no se ejecuta la expulsión. Con lo cual, carece totalmente de sentido el mantenimiento de un sistema tan represivo y degradante para las personas como son los CIEs.

En el CIE de Aluche, tras las entrevistas con los internos, se pusieron de manifiesto varias problemáticas, inadecuada atención sanitaria, malos tratos por parte de determinados funcionarios policiales, restricción de derechos en cuanto a llamadas, comunicación con el exterior, incluso problemas para ir al cuarto de baño por las noches, etc. Una serie de situaciones que condicionaban mucho la instancia, insisto que se les dispensa un trato inhumano y degradante.

 

La APDHE trabaja en varios casos judiciales internacionales, como es el caso del Sáhara Occidental. Se reclama la autodeterminación del pueblo saharaui y la exigencia al Estado español, en su condición de potencia administradora, de la nulidad de los Acuerdos de Madrid para proceder a conceder la nacionalidad española de las personas saharauis. ¿Este sería el camino para la solución del conflicto?

Eso sería una solución provisional, lo que se trata en definitiva es de promocionar y poner en valor el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Ahora mismo tienen una potencia ocupante del territorio, una potencia que lo que está haciendo es oprimiendo a un pueblo de una forma absolutamente salvaje, la exigencia de responsabilidades al Estado español es para decir ‘vamos a recuperar ese territorio en cuanto al reconocimiento de la nacionalidad de los saharauis para que posteriormente, en otras condiciones totalmente distintas a las que actualmente nos encontramos se pueda conceder la autodeterminación del Pueblo del Sáhara’, que es el fin y objetivo último de todo esto.

 

¿La ONU podría intervenir de forma más precisa?

Sí, claro. Por supuesto, es una cuestión de voluntad política.

 

¿Ve similitudes entre la situación del Sáhara occidental y Palestina?

Sí las hay, se tratan de dos pueblos oprimidos, ocupados por potencias militares que subyugan a la ciudadanía de estos pueblos. Sometidos a prácticas que suponen unas violaciones sistemáticas de Derechos Humanos previamente planificadas.

Otra línea de trabajo de la APDHE es el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) en la cooperación internacional.

En 2008 se creó la red Redenderechos, donde participa la asociación, porque era un momento en que en España no se hablaba todavía mucho del EBDH en cooperación. Impulsamos esta red para promover este enfoque en las políticas y acciones de la cooperación para el desarrollo.

Lo último que se ha hecho de incidencia, ha sido en el último Plan Director de la cooperación española. Pero a partir de ahí, se ha bajado bastante el ritmo de incidencia. Por un lado, porque es cierto que se ha empezado a incorporar de una forma más real –más en la práctica que en la política del Plan Director- y por otro lado, por la propia situación de la cooperación. Las ONGs están ahora mismo intentando sobrevivir que haciendo incidencia política sobre prácticamente nada. Se ha reivindicado más la cooperación como política de Estado y como parte del derecho a la solidaridad y la importancia de los Derechos Humanos como tal.

 

Según Itziar Ruiz-Gimenez, en la colonización hubo tres personajes a través de los cuales se impuso este sistema: el soldado, el comerciante y el misionero. ¿Es la cooperación la figura del misionero en el s. XXI como colonizadores del pensamiento?

Es muy importante el EBDH en la cooperación para el desarrollo, sin este enfoque nos podemos convertir en simples asistencialistas y creo que de lo que se trata es de articular mecanismos de exigibilidad. A partir de ahí la cooperación al desarrollo se transforma, y desaparecería esa idea de colonización; se trata del reconocimiento de derechos no de ofrecer una actividad asistencial. Desde esta traducción, la cooperación tiene una visión totalmente distinta, no se trata de implantar determinadas ideas a partir de una actividad asistencial, se trata de articular mecanismos de exigibilidad a través y por medio de la aplicación efectiva de los Derechos Humanos.

 

Desde algunos colectivos provenientes del Sur, se denuncia una visión androcéntrica y etnocéntrica de la Carta Universal de Derechos Humanos firmada en 1948. Se ha abierto el debate de los derechos individuales frente a los derechos colectivos, ¿se podría reformar esta Carta para ser más inclusiva y que todos los colectivos se sintieran identificada con ella?

Sí, por supuesto. Cualquier colectivo que no se sienta representado por la Carta Universal de Derechos Humanos y por el desarrollo posterior de la misma a través de determinados pactos internacionales, sí se debería de revisar esta cuestión.

Es verdad que hay una parte muy importante sobre el reconocimiento de los derechos individuales en la carta, pero en los Derechos Humanos también están muy presentes los derechos colectivos. Pero volvemos a lo mismo, está la diferenciación de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales; y el grado de protección y protagonismo de unos y otros ha sido muy distinto. Sobre todo porque ha habido una falta de voluntad en cuanto a su reconocimiento y aplicación efectiva, si partimos de esta premisa, todo es mejorable. Pero no podemos despreciar lo que en su momento significó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Tenemos que ir hacia mecanismos de exigibilidad de aplicación efectiva de estos derechos, y a partir de ahí, deberíamos avanzar desde un desarrollo jurisprudencial de carácter internacional e interno en cuanto al reconocimiento de derechos. Porque ambos pactos ofrecen un abanico muy amplio en cuanto al reconocimiento de derechos, creo que es más un problema de desarrollo que de incluir o reconocer nuevos derechos, sería una cuestión de estudiarlo más a fondo y ver qué carencias concretas se echan en falta. Lo que habría que incidir es en su aplicación y reconocimiento.

 

¿Cree que es posible alcanzar todos nuestros derechos fundamentales en el sistema económico capitalista?

Muy difícil, porque siempre se van a estar generando tensiones. Desde luego en este sistema capitalista puro, un sistema liberal puro, prácticamente como el que nos están ofreciendo, siempre se van a generar muchas tensiones entre -ya no tanto el poder político, que también- sino esencialmente con el poder económico para que se puedan reconocer determinados derechos de carácter económico.

 

¿Los Derechos de las Humanas están reconocidos y protegidos en España?

Durante estos cuatro últimos años se han presentado unas carencias muy importantes, pero es más por un problema de voluntad política que no porque no exista una cobertura jurídica suficientemente garantista. De hecho ya se ha pronunciado el Comité correspondiente del Consejo de Derechos Humanos planteando determinadas deficiencias, se puede mejorar y avanzar mucho en esa línea. Existe un ordenamiento jurídico lo suficientemente garantista, pero no se está aplicando adecuadamente y faltan unas políticas muy concretas para la aplicación efectiva de los derechos.

 

¿Es efectiva la Ley Integral contra la Violencia de Género?

Hay dos planos, el ordenamiento jurídico y la cultura esencialmente machista que rige y ha regido en nuestro país durante tantos años. Presenta deficiencias y es mejorable, pero creo que el problema es más una carencia de medios en la aplicación efectiva. Si fuéramos capaces de implementar todas las medidas adecuadas previstas en el ordenamiento jurídico, el problema se mitigaría mucho; otra cosa es que no exista esa voluntad política para implementarlas. Una norma en sí misma no te va a solucionar el problema, porque no es sólo normativo también es cultural; todo tiene que venir respaldado sobre una educación básica, en eso creo que es donde se está fallando.

 

¿Este ordenamiento jurídico garantiza la protección del colectivo LGTBI?

Sí, en general sí. Se pueden dar determinadas situaciones de discriminación, se puede seguir avanzando. Hay determinadas deficiencias en cosas muy concretas, pero en la primera legislatura del gobierno socialista hubo un avance muy sustancial, hubo un reconocimiento muy importante en cuanto a derechos, gracias esencialmente al activismo y la postura reivindicativa del colectivo. Se pueden presentar deficiencias en ámbitos un poco más concretos, a lo mejor deberíamos de implementar normas que aplicaran la discriminación positiva para estos colectivos en determinadas situaciones, también. Pero creo que tenemos un ámbito regulador que debería garantizar por lo menos los derechos básicos para que no se generen situaciones discriminatorias.

 

La APDHE tiene una línea de trabajo de Educación en y para los Derechos Humanos ¿Hay un buen conocimiento de los Derechos Humanos en España?

No, en absoluto. Hay un grado de desconocimiento muy importante.

 

Desde el 76 que nación la asociación ¿Considera que ha habido una evolución en la capacidad de agencia de los Derechos Humanos por parte de la ciudadanía española?

Ha habido una evolución evidente, en el 76 estábamos en una situación de dictadura, estábamos en la caverna, desde un punto de vista de Derechos Humanos, no existían y se violaban sistemáticamente. La evolución se produce como consecuencia de que se aprueba la Constitución con un reconocimiento de derechos fundamentales, basados esencialmente en los derechos civiles y políticos.

Aquí lo que no existe es una cultura del derecho internacional de los Derechos Humanos, además se confunde mucho el concepto de derecho fundamental reconocido por la constitución española con el concepto de Derechos Humanos. Existe un desconocimiento muy generalizado, ha habido una evolución en 38 años de democracia; pero no existe como tal una voluntad política para que la ciudadanía adquiera un nivel adecuado de conocimiento con los Derechos Humanos. Resultó muy trabajoso la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, nadie recuerda que se llamaba Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, lo que existía era una voluntad política basada en la conducta cívica. Además ya sabemos que esa asignatura ha desaparecido.

La educación de Derechos Humanos tiene que ser impartida desde que niñas y niños acceden al colegio, a partir de ahí tiene que haber una asimilación propia y cultural de los Derechos Humanos.

 

Uno de los casos en los casos que está ahora involucrada la APDHE es la Acusación popular contra los crímenes del franquismo, ¿en qué situación está ahora mismo ese proceso?

Hubo un auto resolutivo en 2014 de la Jueza Servini –Buenos Aires, Argenita- en el que imputó en un contexto de crímenes contra la humanidad a 20 personas por diferentes delitos, homicidio, torturas y sustracción de un menos de 10 años. Como consecuencia de ese auto se cursaron órdenes de detención internacional, de los 20 imputados han fallecido recientemente 3. Las órdenes internacionales de detención las autoridades españolas se negaron a ejecutarlas, posteriormente llegaron las ordenes de extradición a efectos de tomarles declaración indagatoria a los imputados, que fueron denegados por parte del Consejo de Ministros en marzo de 2015.

Ahora se ha solicitado a la Jueza que se amplíen las imputaciones en relación con personas que ya estaban imputadas, entre ellos varios ministros franquistas, y que se les tome declaración en España directamente por ella. También hemos solicitado que las víctimas continúen prestando declaración en los juzgados españoles, durante estas fechas se están tomando declaraciones a estas víctimas en Madrid, Collado Villalba, y Almería. Seguiremos adelante con nuevas imputaciones y nuevos pedidos de extradición.

 

¿Qué capacidad de repercusión tienen estos juicios para las víctimas y los acusados?

Para las víctimas tienen un efecto reparador.

La Querella Argentina supone y representa, en relación con la política de impunidad que se mantiene por parte del Estado español, un papel muy importante porque está erosionando ese sistema de impunidad. Las repercusiones legales, con relación a los imputados, ya no tienen la libertad de movimientos internacional porque las órdenes de detención podrían ser ejecutadas en cualquier país fuera de España, porque España se ha convertido en un refugio de los criminales franquistas. Pero mientras no se concedan los pedidos de extradición por parte de las autoridades españolas, tendremos dificultades para celebrar una vista oral en Argentina.

La Querella Argentina tiene una virtualidad muy importante, porque se está obligando a los Tribunales españoles a practicar determinadas diligencias de prueba que ellos no practican porque se ha venido negando el acceso de las víctimas a la justicia española, se ven conminadas a hacerlo por las propias autoridades argentinas.

Todos estos procedimientos que se aplican en virtud de la justicia universal, nosotros nos lo plantemos como un viaje de ida y vuelta. El papel que está jugando esta Querella, es que este tipo de causas puedan tramitarse aquí en España, y eso es una cuestión de tiempo. Como sucedió en el caso de Guatemala y Argentina, con los juicios de Madrid que se celebraron del año 96 al 99, supusieron un hito importantísimo para que en Argentina se modificara la conducta de impunidad que se mantenía con los crímenes que se habían cometido en su propia dictadura. Ese sistema de impunidad en Argentina terminó, se han tramitado multitud de juicios y no olvidemos que en Argentina existía una ley de punto final que implantaba este sistema de impunidad tan aberrante.

 

Para finalizar la entrevista, el objetivo principal de la APDHE es ‘Defender los Derechos Humanos en todas sus vertientes y en todos los lugares, velando por el cumplimiento de los ya proclamados y promoviendo el reconocimiento y garantía de los que todavía no estuvieran reconocidos’, ¿Cuáles son aquellos derechos que no están reconocidos y echa en falta?

Creo que por lo general existe un reconocimiento muy amplio, quizás yo iría más a lo que sería el ámbito competencial que se pueda dar en relación con la investigación y enjuiciamiento de determinados crímenes, como consecuencia de la aplicación del principio de justicia universal.

Hay determinados derechos que están expresamente reconocidos pero que son muy difíciles que se puedan exigir a través de los correspondientes procedimientos judiciales. Iría más por esa vía, el reconocimiento de que podamos articular mecanismos de exigibilidad y responsabilidad penal, tenemos que ser capaces de facilitar un ámbito competencial a los tribunales nacionales para la investigación y enjuiciamiento de determinados crimines porque eso ha sido severamente restringido y la posición de nuestra organización es que todo eso tiene que ser ampliado. Estamos ante una política de restricción en cuanto a la aplicación y reconocimiento efectivo de esos derechos, y tenemos que incidir en tres planos: en el ámbito judicial, político, y en el ámbito de organismos supranacionales.

 

Alba Cuadra Garrido. Licenciada en Periodismo, especializada en Cooperación para el Desarrollo, Derechos Humanos y Estudios de Género, declarada sentipensante y feminista. Ha trabajado como defensora de los Derechos Humanos y la Naturaleza en Ecuador, Filipinas e Indonesia.

 

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