MISIONERO EXPULSADO DE AMAZONIA POR DENUNCIAR CONTAMINACIÓN DE PETROLERAS

Paul John Mc Auley Vive desde hace 20 años en el Perú, diez de ellos en la Amazonía, defendiendo a los indígenas y el medio ambiente. Al parecer sus cuestionamientos al derrame de 400 barriles de petróleo al río Marañón por parte de Pluspetrol han despertado las iras del gobierno que lo ha expulsado del país.


Por JUAN CARLOS DE LA CAL, MIEMBRO DE GEA PHOTOWORDS


La decisión de las autoridades peruanas de expulsar del país al sacerdote católico, de nacionalidad británica, Paul John Mc Auley, bajo la acusación de soliviantar a la población amazónica, ha vuelto a poner sobre la mesa la indefensión que padece la selva  y sus legítimos moradores frente al saqueo por parte de las multinacionales.

Mc Auley, considerado como uno de los misioneros más progresistas de la iglesia en América Latina, por su defensa de los derechos humanos y su permanente acompañamiento a la población, amigo de Pedro Casaldáliga, ha sido repetidamente amenazado de muerte y considerado como persona “Non grata” por las autoridades peruanas.

El misionero británico vive en el Perú desde hace más de 20 años y preside la Red Ambiental Loretana, una asociación civil que, según afirma en su página web, “tiene como objetivo vigilar los recursos naturales de la región, la defensa del medio ambiente y proponer soluciones en beneficio de la población local y de la humanidad”. Esto, unido a su intensa labor en defensa de los marginados, le convirtió para el Gobierno de Alan García en un agitador “que solivianta encubiertamente a la población para protestar y quebrantar los valores democráticos.

Según su abogada, Rita Ruck, las “pruebas” presentadas contra Mc Auley consisten en charlas, conversatorios y opiniones vertidas por el religioso sobre temas medioambientales, especialmente sobre cómo las acciones de las petroleras en la selva atentan contra la naturaleza y la vida de las poblaciones nativas.

“Me preocupa que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones para informarles sobre sus derechos nacionales e internacionales en cuanto a sus territorios y a la preservación de sus recursos naturales como patrimonio para sus descendientes, acompañarlos en sus protestas y marchas”, dijo en un comunicado público Monseñor Alberto Campos, obispo-vicario de San José del Amazonas, a donde pertenece el sacerdote expulsado.

“Y, por otro lado, no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y la corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía, la negligencia de algunos profesionales que reciben un sueldo para trabajar en la Selva y no se presentan a sus puestos de trabajo, en detrimento de la educación y salud de los que deberían ser beneficiados”, añadió.

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