Repsol vuelve a la carga en Canarias. El Consejo de Ministros aprobó hace unos días el Real Decreto por el que permite a la multinacional española instalar plataformas cerca de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Sus pobladores se preguntan ahora como afectarían estas extracciones a una de las zonas de España con más biodiversidad marina. Aunque también con más desempleo. La ecuación: desarrollo versus medio ambiente tiene una solución clara para el propio Gobierno canario que no quiere hipotecar el pan para hoy al hambre para mañana con su ecosistema amenazado.
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FOTO © María Álvaro Navarro
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Por María Álvaro Navarro para GEA PHOTOWORDS
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En Canarias vuelven a saltar las alarmas. De nuevo, la compañía Repsol quiere llevar a cabo prospecciones petrolíferas a menos de 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El proyecto se inició en 2001 aunque tres años después el Tribunal Supremo anuló los permisos de perforación ya que el plan carecía de las medidas de protección medioambientales necesarias. Ahora el debate surge de nuevo después de que el Consejo de Ministros aprobase hace unos días un Real Decreto a través del cual permite a Repsol realizar estas prospecciones en un área que abarca unos 6.500 kilómetros. Según la petrolera los sondeos podrían empezar a realizarse en dos años y las primeras extracciones se realizarían en 2020.
¿Qué consecuencias tendría esto para la economía canaria basada en el turismo? En caso de derrame ¿cómo afectaría a zonas de gran valor medioambiental como Lanzarote y Fuerteventura declaradas Reserva de la Biosfera? Según Noelia Sánchez, miembro de la Plataforma canaria contra las prospecciones petrolíferas “si esto sigue adelante, con prospecciones a más de 3.000 metros de profundidad, puede significar la ruina del medio ambiente y de la economía de Canarias”.
Según Greenpeace estas operaciones en aguas tan profundas son extremadamente peligrosas ya que suponen riesgos muy altos de fugas y vertidos, muy difíciles de controlar como se demostró con el ocurrido en el Golfo de México hace dos años en una plataforma propiedad de British Petroleum. La cercanía a la costa de las prospecciones petrolíferas haría que Lanzarote y Fuerteventura, declaradas reserva de la biosfera por la Unesco, pudieran ver peligrar un espacio rico por su biodiversidad de fauna y flora, tanto marina como terrestre. En caso de vertido las islas estarían a menos de 60 kilómetros de los pozos petrolíferos. Y si tenemos en cuenta que la plataforma del Golfo de México estaba a más de 250 kilómetros de la costa, la amenaza es evidente.
Repsol por su parte afirma que con estas prospecciones no existen riesgos medioambientales y que si existieran bolsas de petróleo en la zona se podría cubrir el 10% de la demanda española de hidrocarburos con la extracción de 100.000 barriles decrudo diarios según sus estimaciones. Pero en el caso que hubiera petróleo ¿Qué precio medioambientalmente hablando tendríamos que pagar? Como dijo el presidente de Repsol, Antonio Brufau, tras los continuos vertidos en Tarragona “la seguridad absoluta no existe” por lo que el precio a pagar sería muy elevado.
DESEMPLEO
El turismo es un pilar fundamental en la economía insular y más aún de Lanzarote y Fuerteventura, islas que viven en un 90% de este sector. Este turismo basado en la calidad ambiental podría verse afectado por las extracciones petrolíferas como ya ha asegurado la Federación Internacional de Tour Operadores. El gobierno juega con la baza de la creación de puestos de trabajo que podrían suponer para Canarias -una de las Comunidades Autónomas más afectadas por el desempleo- estas extracciones: casi 10.000 empleos entre directos e indirectos. Aunque, según algunos especialistas, es muy difícil que un trabajo tan especializado como el que tiene lugar en estas plantas petrolíferas pudiera ser ocupado por población local. Los pocos puestos de trabajo que se podrían crear no serían nada comparado con los que se podrían destruir en el sector turístico que actualmente cuenta con alrededor de 30.000 empleos directos.
La ecuación, por tanto, parece clara a largo plazo. Mientras los costes medioambientales serían muy elevados, los supuestos beneficios que la extracción de crudo podría reportar a Canarias y al gobierno español serian irrisorios. Según las plataformas contra las prospecciones de Repsol esta empresa tendría unos beneficios de negocio de unos 57.000 millones de euros durante 20 años. Según la ley española solo el 5% de esa cantidad seria para el Estado por lo que el beneficio para Canarias sería mínimo y los costes medioambientales y económicos muy elevados.
La noticia de la autorización de las prospecciones, provocó de inmediato una movilización general de los sectores ambientalistas para protestar por lo que consideran un atentado ecológico que sólo servirá para dar «pan para hoy y hambre para mañona». En el año 2004 la presión ciudadana y de grupos ecologistas logró junto con acciones institucionales muy importantes frenar las intenciones de Repsol en las islas. El Gobierno de Canarias en esta ocasión también ha iniciado acciones legales contra este decreto con su presidente, Paulino Rivero, como principal paladín de esta batalla.
La Unión Europea prevé endurecer la regulación en cuanto a la seguridad de las prospecciones petrolíferas por los daños ambientales que provocan, por lo que
muchas asociaciones ecologistas entienden que se ha elegido precisamente este momento para sortear una regulación que en el futuro será mucho más férrea.
La conclusión más clara es que la necesidad de un nuevo modelo energético menos contaminante es cada vez más inexcusable. La dependencia energética que tiene España sobre el petróleo extranjero no se soluciona hipotecando el medio ambiente y, en este caso, la economía canaria sino que hay alternativas limpias que a medio plazo tendrían que ser las que vayan desplazando a la industria petrolera. La independencia energética va de la mano de las energías renovables. Canarias tiene una gran capacidad para desarrollar energías limpias con éxito. Un ejemplo es el proyecto que se está llevando a cabo en la isla del Hierro, cuyo objetivo final es que sus 10.000 habitantes se autoabastezcan en términos energéticos.
María Álvaro Navarro es licenciada en Comunicación Audiovisual y actualmente estudia periodismo en la URJC de Madrid. Ha trabajado en el programa Medi Ambient de la televisión autonómica valenciana y ha colaborado realizando reportajes con diferentes asociaciones medioambientales.
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