SE VENDE MONTE

Los montes de utilidad pública que habían logrado hasta ahora escapar de las privatizaciones, se han convertido en una de las opciones más rentables para poder obtener fondos a la vista de muchos políticos. ¿Están en lo cierto? Para muchas organizaciones ecologistas y la Asociación de Forestales de España (PROFOR), la respuesta es una rotunda negación. Por ello y ante la petición, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, del informe del estado de dichos montes, estas organizaciones han acordado un manifiesto en el que piden la retirada de la iniciativa de venta, y la no modificación legal del estatus actual que los protege. La única forma de garantizar que el monte es, y continuará siendo, de todos.

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Vista desde el Monasterio de Caaveiro. Parque de Fragas do Eume.

FOTO  ©  Als

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Por Marta Foyedo para GEA PHOTOWORDS

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Esta medida nos recuerda a las desamortizaciones llevadas a cabo en España en el siglo XIX, que dieron como resultado una gran pérdida del patrimonio forestal generando un gran perjuicio en todas las fincas que pasaron de tener una titularidad pública a ser controladas por manos privadas. Como respuesta se creó el Catálogo de Montes de Utilidad Pública cuyo objetivo era la conservación de la tierra y el monte para las generaciones venideras.

Este hecho histórico de más de 150 años es el que ha logrado que hoy día podamos gozar de una amplia red de espacios forestales, un 15% de la superficie de España (muy por debajo de la media Europea que está en un 21%), con una gran importancia medioambiental para nuestro territorio. En este sentido, Miguel Ángel Hernández de Ecologistas en Acción, no duda en considerarlo como un patrimonio natural absolutamente insustituible que debemos proteger.

En el caso de Castilla la Mancha la superficie que se tiene previsto vender es de unas 40.000 hectáreas aproximadamente, de las 171.000 que dispone esta comunidad. Esto sería 57 montes de los cuales 13 se encuentran en espacio protegido y 4 en refugios de fauna en vigor o recientemente descatalogadas. A pesar de ser el único caso conocido, las organizaciones sospechan de otras Comunidades Autónomas que pretenden implantar dicha medida en sus respectivos territorios. “Detrás de esta medida se esconde una modificación legislativa a nivel estatal que traería consigo una cascada de ventas en toda España”  ha asegurado Hernández.

 

IMPACTO AMBIENTAL

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Una de las mayores preocupaciones de los ecologistas es el enorme impacto ambiental, social y económico, que podría llegar a tener la venta. Primeramente es fácil intuir las consecuencias de la pérdida de propiedad, que es el arma más poderosa a la hora de garantizar la conservación y la gestión sostenible del territorio, ya que mientras la titularidad sea pública esto estará garantizado, pero al pasar a particulares, lo que se espera de dicho monte es la rentabilidad económica, implicando un radical cambio de filosofía de gestión.

Miguel Ángel Hernández ejemplifica esto afirmando que  “ahora mismo en estos montes el acceso es público, la disponibilidad de los aprovechamientos y de los bienes de ese monte como la leña, actividades educativas o la caza, se aprovechan con una finalidad pública y el rendimiento que se saca es para el gestor del monte, en este caso la Comunidad Autónoma que además lo reinvierte en el propio territorio. En el caso de que fuese una entidad privada, lo primero que haría sería cortar el acceso al monte, por lo que el aprovechamiento del monte iría en vistas a su propio beneficio.”

Pero la conservación no sería la única consecuencia ya que como dice Miguel Ángel “Los impactos son tantos y de tan magnitud que casi podríamos escribir un libro sobre ello”. Por ejemplo el cambio de propietario repercutiría en la importante función social que lleva a cabo en manos públicas dando trabajo a su entorno inmediato, cosa que con la titularidad privada quedaría en entredicho.

Todos estos argumentos parecen no tener repercusión sobre Cospedal o sobre el ministerio ya que siguen convencidos de que con la venta de los montes la rentabilidad económica será mayor y en tiempos de crisis, aseguran, es lo importante. Como ya dijo el exministro de agricultura, Jaime Lamo Espinosa en 2011, la venta de las tierras públicas supondría un ingreso de entre 1.400 y 4.200 millones de euros sólo para las comunidades, dicha idea venía acompañada de la afirmación de que la propiedad agraria en manos públicas suponía elevados costes y escasos rendimientos. Un planteamiento creíble pero que  según ecologistas dista de la realidad.

Muchos montes generan unos rendimientos económicos positivos hasta el punto de que se crean los llamados Fondos de Mejora, que se alimentan de esos beneficios reinvirtiéndose en el propio monte. Cosa que en manos privadas no ocurrirá. “Para lo único que sería de mayor rendimiento estar en manos privadas es para aquellos titulares privados que lo explotaran, pero para la sociedad desde luego que no” afirman desde Ecologistas en Acción.

Este proyecto cuenta además con una traba final y la más importante de todas. La Ley de Montes (Ley 43/2003), dice que aquellos de titularidad pública son inalienables y que sólo podría llegar a ponerse en venta sí dejasen de cumplir los objetivos para los que se habían creado, cosa que no ocurre en ninguno de los montes que se está estudiando. Aquí es donde surge el miedo de las organizaciones en contra del proyecto, que temen que detrás de esta medida haya un intento de modificación de la legislación actual que protege la conservación del territorio.

A la espera de un borrador del cambio de ley, diferentes organizaciones han creado el manifiesto en contra de esta medida, que está teniendo mayor acogida de la esperada y en el que ya aparecen varias decenas de entidades, junto con miles de ciudadanos que participan en la web profor.org dirigiendo escritos a la presidenta Cospedal.

Primero fue la Comunidad Valenciana con el alquiler de los montes y ahora le toca el turno a Castilla la Mancha con la venta de estos. Es aquí donde debemos preguntarnos: ¿Qué van a heredar las próximas generaciones?

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Marta Foyedo Lahoz es estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y de Ciencias Ambientales a través de la UNED. Ha colaborado en elrotativo.org y trabajado en Cauromedia realizando un programa radiofónico de cultura y escribiendo noticias para la web madridactual.es

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