SIN PAPELES (I)

Yoro y Omar viven escondidos, en tensión, vigilantes. Silvia, la pareja de Omar, no pega ojo hasta que su novio llega a casa de trabajar, tiene miedo de que lo hayan detenido. Eduardo, José Luis, José María o los integrantes de las Brigadas Vecinales dedican su tiempo libre a ayudar a gente como ellos. Es la historia de los `sin papeles´, de aquellos que viven como delincuentes, aunque no lo sean. El equipo de GEA PHOTOWORDS compuesto por Nacho Carretero y Ángel López Soto ha seguido a estas personas en su día a día.

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El `sin papeles´Yoro (izq.) junto a Saleh, uno de sus siete compañeros de piso.

FOTO  ©  Ángel López Soto, miembro de GEA PHOTOWORDS

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Por Nacho Carretero, miembro de GEA PHOTOWORDS

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Sentado en la mesa de una terraza de un parque de Madrid, Yoro no deja de mirar a un lado y a otro mientras habla. Tiene 21 años, negro, con los brazos fuertes y las manos expresivas. Sostiene la mirada unos segundos pero en seguida vuelve a desviarla. Vigilando. Como si fuera una presa a la que están acechando.

Yoro busca policías porque no tiene papeles. Y es incapaz de relajarse.

“Nunca dejo de vigilar. Al abrir la persiana de mi habitación por la mañana miro que no haya policías en las ventanas de enfrente. En la calle, antes de doblar cada esquina, me asomo. Nunca atravieso parques, ni camino demasiado tiempo en línea recta, hago zigzag. No cojo el metro y cambio de autobús para no ir demasiado tiempo en el mismo. No voy al centro, ni salgo por las noches. Vivo como un delincuente, aunque yo no he hecho nunca nada malo”.

Yoro llegó a España en cayuco. Alcanzó una playa de Fuerteventura  el 14 de febrero de 2009. “El Día de los Enamorados”, dice incorporándose en la silla. “Por eso me enamoré nada más pisar España. Bajé del cayuco, caminé un poco por la playa pero me caí al suelo, agotado. Una chica española se acercó y me gritó: ‘¡Corre! ¡Que está la policía! ¡Corre!’. Yo la miré. Y me enamoré”. Se ríe. “Nunca más la volví a ver”.

Tenía 15 años cuando decidió despedirse de sus padres y de sus hermanos y abandonar Gambia. “Me fui porque mi familia pasa hambre”. Su destino era España, pero lejos de la creencia generalizada, los hombres y mujeres, los niños y niñas subsaharianos que se lanzan al mar en patera, no hacen sino encarar el último tramo de un viaje que comenzó años atrás. En el caso de Yoro, lo primero que hizo tras dejar su país fue instalarse en el vecino Senegal, donde estuvo trabajando un año. “Era pescador y ahí comencé a ahorrar dinero para el pasaje de la patera. Me costaba 900 euros”. Después trabajó tres meses en Guinea-Bissau y otros tantos en Guinea-Conakry, para acabar en Mauritania a donde llegó por su cuenta con su barquito de pesca y donde estuvo dos años más faenando en el mar. “Un día les dije a mis padres que no llamaba más, que tenía que ahorrar. Se enfadaron, pero después lo entendieron. Estuve cinco meses sin saber nada de ellos”. Los ojos de Yoro contrastan con la fuerza de su cuerpo: son pequeños y apagados. Si habla de su familia, brillan.

Logró reunir el dinero tras dos años de trabajo. Lo citaron a las 2 de la mañana en una playa de Nuadibú, ciudad costera de Mauritania. Viajarían 78 personas, 25 bidones de gasolina y cuatro de agua en una embarcación de 7 metros de largo por 2 de ancho. “Recuerdo que estaba en la playa, oía el mar de fondo, sólo había oscuridad alrededor. Esperábamos para subir al cayuco y temblaba de emoción”. ¿Tenías miedo? “¿Miedo? Estaba feliz. Las cosas sólo podían salir bien: si llegaba a España, me ponía a trabajar y ayudaba a mi familia. Si se hundía el cayuco y me moría, se acababa sufrir. Sólo podía ocurrirme algo bueno”.

La travesía duró cuatro días. En ningún momento del viaje pudo moverse. Estaban completamente encajados. “Todos vomitaban, yo estaba bien, porque me acostumbré pescando”. A diferencia de otros cientos de cayucos, el de Yoro sí alcanzó la costa canaria. Directo a comisaría y de ahí a un albergue para terminar en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Fuerteventura, un CIE denunciado en repetidas ocasiones por casos de malos tratos. “Nos pegaban. Los policías nos pegaban todos los días. No había nadie más, sólo policías. Cada palabra que decían la decían con un golpe de la porra”. ¿A ti te pegaron? “Dos veces. Una muy fuerte con la porra. Otra me empujó un policía por las escaleras”. Yoro vuelve a girar la cabeza cuando menciona a la policía. Vigila. “Estuvimos ahí 35 días y el martes 24 de marzo –recuerda cada fecha sin dudarlo- nos llevaron a un avión. ‘Yoro, tomorrow Madrid’, me dijo un policía. Pero yo no le creía, pensaba que nos devolvían a África. Cuando estábamos llegando, miré por la ventana, vi el paisaje y dije: ¡Eh!, creo que esto no es África”.

Estuvo unos días en un albergue de Cruz Roja de Madrid. Había transcurrido el límite de tiempo para privarle de libertad –actualmente en 60 días aunque la UE lo quiere ampliar hasta un año y medio- así que salió a la calle pendiente de ser deportado más adelante. “Yo pensaba que esto sería como África: llegas a un sitio, pides trabajo y te pones a hacer lo que sabes sin que nadie te pida papeles ni nada. Pero no”.

Yoro vive con siete chicos más en casa de un cura que les ha acogido, en un barrio periférico de Madrid. En el salón, hilos de luz sobre los que bailan motas de polvo se cuelan por las rendijas de las persianas bajadas. En la televisión, un perro se revuelve contra un veterinario que intenta clavarle una aguja. Saleh, 24 años, cuerpo atlético, lo ve y sonríe. Es marroquí. Entró en España hace nueve años “en los bajos de un camión, agarrado. Al chico que iba a mi lado lo sacaron muerto”. En la tele la dueña del perro celebra que la operación ha salido bien.

“Yoro es muy lento cambiándose cuando vamos a ir a correr”, dice. Un grito desde la habitación. “No es verdad”, y aparece Yoro, pantalón corto, camiseta verde, zapatillas fosforitas. “Vamos”. Y se van a correr.

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Yoro entrenando en un parque de Madrid.

FOTO  ©  Ángel López Soto, miembro de GEA PHOTOWORDS

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Calentamiento en la calle. La negra y larga pierna de Yoro se estira imponente. Un niño se acerca. “¿Eres futbolista?”. Yoro hace una mueca que no llega a sonrisa. “Te vi en la tele”, dice el niño. “Me da mucha vergüenza cuando voy por la calle y un policía me pide los papeles. Me registran, me ponen contra una pared, y yo me siento muy avergonzado”. ¿Te pasa mucho? “Muchísimo. Y me llevan a comisaría. Yo entiendo que es el trabajo de la policía, pero a veces me tratan mal”.

En realidad es la propia policía quien pone en duda que éste sea su trabajo. Desde hace casi dos años se reproduce, sobre todo en Madrid, el fenómeno de las llamadas redadas. Grupos de agentes piden masivamente la identificación a ciudadanos extranjeros en bocas de metro o establecimientos como locutorios. El objetivo, en teoría, es identificar a extranjeros sin documentación para proceder a su expulsión. “La realidad –explica José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP)- es que estas redadas, desde un punto de vista policial, no sirven para nada. El año pasado se hicieron sólo en Madrid 400.000 identificaciones, pero sólo el 6% de los detenidos fueron expulsados. No sirven ni para prevenir delincuencia ni para controlar el flujo migratorio”. ¿Por qué se hacen entonces?  “Estas redadas responden a la necesidad de las comisarías de presentar un número de detenciones elevado, a fin de que las estadísticas del Gobierno se alimenten. Como los números no distinguen de un asesino de un chico que va sin papeles, se hacen estos arrestos para aumentar el número de detenciones”.

“La Policía llega, se pone en una boca de metro y comienzan a pedir identificación a todos los que son negros, o chinos, o latinos. Y se los llevan a comisaría. Arbitrariamente”. Hablan dos chicas integrantes del colectivo Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos que prefieren no identificarse. Se trata de un grupo de voluntarios que acuden a observar y documentar las redadas policiales a fin de elaborar informes.

La secuencia –grosso modo- es como sigue: si la policía sorprende a un inmigrante sin identificación lo llevan a comisaría. Lo pueden retener en el calabozo hasta un día entero. Si encuentran que ha cometido algún delito lo trasladan a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) para preparar su deportación. Eso ocurre en una pequeña parte de las ocasiones. Casi siempre salen de comisaría con una orden de expulsión, que les obliga a presentarse en un juicio en los siguientes meses. Si un chico tiene una orden de expulsión la policía no puede llevarlo a comisaría de nuevo, porque ya está ‘controlado’ y pendiente de juicio. La realidad es otra: Yoro ha estado 5 ó 6 veces en el calabozo pese a mostrar su orden de expulsión.  “Yo ahora soy un delincuente, aunque no he hecho nada”, dice. “Sé que si me ve la policía me van a pedir los papeles y me llevan a comisaría”.

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FIN DE LA PRIMERA PARTE

SEGUNDA ENTREGA EL 30 DE JULIO

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