UNA VICTORIA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

El indulto a Guadalupe Vásquez, la mujer encarcelada en El Salvador por llevar a cabo un aborto debido a complicaciones naturales, ha significado un antes y un después en la lucha por la igualdad de derechos entre los hombres y mujeres en el país. El caso de esta joven de 25 años que acaba de ser puesta en libertad representa una realidad más de todas las que conforman la desigualdad social en este ámbito que hoy en día persiste en todo el mundo. Se trata de una triste situación que sacude a nuestras sociedades y contra la cual se continúa luchando para alcanzar la anhelada igualdad de género.

 

Carmen Guadalupe Vásquez Aldana

Carmen Guadalupe Vásquez Aldana

Ilustración ©  GEA PHOTOWORDS

 

La victoria de una batalla en la lucha por la igualdad de género

Por Ana de Gracia para GEA PHOTOWORDS

 

Carmen Guadalupe Vásquez Aldana por fin ha podido cumplir su sueño. El pasado miércoles 18 de febrero se convirtió para esta salvadoreña uno de los días más importantes de su vida al ver de nuevo la luz tras una represión que durante 7 años se ha visto obligada a vivir en la oscuridad de la cárcel por un delito inexistente que supuso una larga condena de 30 años por decreto de las autoridades de El Salvador. Su delito: sufrir una complicación natural en un embarazo que ni siquiera ella decidió tener por ser fruto de una violación. Así lo dictaminaron las autoridades salvadoreñas al estimar que Guadalupe incurrió en un delito condenable por aborto cuando, hace 7 años, con la edad de 18, sufrió una emergencia obstétrica que le obligó a perder el feto. Consecuentemente fue denunciada y enjuiciada por homicidio agravado. 30 años de condena. Y siete años en prisión fueron los que, en palabras de la misma Guadalupe, perdió “en aquel lugar” por un crimen que nunca cometió y por el cual pagó con una silenciosa e indigna penitencia.

43 votos a favor y 26 en contra fue lo que permitió la libertad de Guadalupe. Una libertad que finalmente el Parlamento salvadoreño decretó hace poco más de un mes, el 22 de enero de este año, tras una ardua votación. El indulto de la joven se convirtió en un hito histórico para todas aquellas personas que luchan por los derechos humanos en un país donde el aborto, independientemente de la causa, se considera todavía un delito. El Salvador es uno de los pocos estados de Latinoamérica (República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití y Chile son los seis restantes) que continúan criminalizando el aborto.

El 18 de febrero pudo materializarse el indulto de una injusta condena por la cual siguen sufriendo mujeres inocentes. Y es que según los datos del informe “Del Hospital a la cárcel” que realizó la Agrupación Ciudadana por la Organización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, 129 mujeres han sido imputadas por aborto entre los años 2000 y 2011 en este país. 29 de todas ellas acabaron sumiéndose en la oscuridad de las prisiones salvadoreñas. Tal y como señala el estudio, se trata de una cifra que encubre una triste realidad sufrida en la piel de un porcentaje de mujeres (mucho mayor que el citado) consideradas prófugas de la ley por las autoridades que mantienen una recelosa vigilancia sobre ellas.

Asimismo y siguiendo con la información publicada en el estudio llevado a cabo por Amnistía Internacional “Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador” sobre la situación de las salvadoreñas que sufren las represalias de una de las leyes de aborto más asfixiantes que existen en la actualidad, con penas que pueden llegar hasta los 50 años. Muchas de ellas se ven obligadas a recurrir a prácticas al margen de la ley para poder interrumpir sus embarazos no deseados o incluso al suicidio. Nos encontramos, pues, con un abusivo castigo cuya fusta golpea a aquellas mujeres ancladas en los márgenes de una sociedad desigual. Aquellas mujeres cuyas vidas son arrasadas por la negra marca de la violencia sexual que contribuye a la postergación del problema de la diferencia de género en un país donde el acceso a la educación para muchas de ellas es sustancialmente limitado.

Del mismo modo, esta violencia y desigualdad de género imperante es la que atrapa a una sociedad en la que la subordinación a la doctrina católica y la dominación de las concepciones conservadoras actúan como máximas paternalistas que anulan el libre derecho de la mujer a decidir.

A partir del grito de auxilio proveniente de las organizaciones luchadoras por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador y de la consecuente presión internacional, el caso de Guadalupe ha significado la victoria de un pulso mantenido con las arcaicas convicciones patriarcales que arrinconan a la mujer negándole su libertad e independencia. Guadalupe es una de las tantas realidades que componen el fragmentado mapa de la supuesta igualdad de género: el mapa que persiste en nuestra realidad actual y en el que continúan creciendo las enfermizas hierbas que sotierran aún más la brecha social entre el hombre y la mujer. Desgraciadamente es una grieta cuya existencia persiste hoy en día incluso en aquellos países considerados del primer mundo donde la lucha por la plena igualdad entre hombres y mujeres mantiene un impávido pulso.

En España la desigualdad social de género es una constante. Su paso se vuelve cada vez más profundo enraizándose en los cimientos de una sociedad convaleciente que sigue sin querer despertar de su hipnosis discriminatoria. De acuerdo con los datos del informe “Trabajar igual, cobrar igual” que UGT ha presentado recientemente, desde el año 2008 hasta el 2012 la discriminación salarial se manifiesta como un problema estructural situándose en un porcentaje del 24%. 79 días de diferencia son los que una mujer española debe trabajar más para llegar a percibir el mismo sueldo que un hombre. 11,5 años de diferencia son, del mismo modo, los que una mujer ha de permanecer más en el arbitrario mercado laboral de nuestro país para poder recibir una pensión equitativa a la del hombre.

Paradójicamente el pasado 22 de febrero se ha celebrado el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Un día que nos recuerda que en España dicha igualdad es una de las asignaturas pendientes pues, siguiendo con las cifras presentadas en el informe, nuestra brecha salarial registra uno de los índices más altos de los datos del Eurostat superando la media en más de 2 puntos con un 19,3%. Con todo ello y de acuerdo con los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) sobre el cuarto trimestre de 2014 podemos ver un atisbo de mejoría en la creación de empleo. Sin embargo, nos encontramos ante unas cifras que continúan maquillando la realidad de nuestro país donde el trabajo temporal y a tiempo parcial se presenta como la salvación de la crisis laboral. Un empleo que acaba repercutiendo negativamente en las mujeres al ser las que registran el mayor porcentaje de ocupación en este tipo de contratos.

Tal vez la conmemoración de fechas como el Día Europeo de la Igualdad Salarial nos ayude a llevar cabo una reflexión concienciada de la realidad actual de muchas mujeres. Sin embargo, el análisis de poco servirá si no viene acompañado de verdaderas prácticas enfocadas a paliar las diferencias sociales que cuartean cada vez más esta brecha, desgraciadamente, convertida ya en un potencial obstáculo.

Victorias como las de Guadalupe Vásquez son las que realmente fortalecen una lucha que algún día traerá la ansiada igualdad y libertad que una vez les fue arrebatada a tantas mujeres que aún hoy tratan de sobrevivir en un mundo gobernado por la intolerancia y la frustrada obcecación de unos pocos.

 

Ana de Gracia es estudiante de Periodismo en la universidad Carlos III de Madrid. Actualmente vive en Sao Paulo, donde ultima sus estudios. Apasionada por el mundo de la corresponsalía, los viajes y los movimientos sociales. Ha trabajado en radio durante tres años en la rama del periodismo cultural en España así como para otros medios de comunicación digitales cultivando el género de la entrevista con personalidades del panorama actual de la cultura y de la política.

 

 

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